El juez federal Ernesto Kreplak dictó el procesamiento sin prisión preventiva para Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó como partícipes necesarias del delito de adulteración de medicamentos, trabándoles embargos por $500.000 millones a cada una.
El Juzgado Federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, avanzó de forma decisiva en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado por parte de las firmas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. En una reciente resolución, el magistrado procesó a Nélida Agustina Bisio (ex titular de la ANMAT) y a Gabriela Carmen Mantecón Fumadó (ex directora nacional del INAME) por considerarlas partícipes necesarias en la adulteración de sustancias medicinales, un caso que ya registra 90 fallecimientos y más de 40 personas damnificadas con lesiones de diversa gravedad.
Pese a que continuarán el proceso en libertad, ambas ex funcionarias quedaron sujetas a la prohibición de salir del país, deberán presentarse mensualmente ante la Policía Federal y afrontan un embargo de bienes por $500.000 millones cada una.
Inacción administrativa y favorecimiento a laboratorios
El fallo de Kreplak enfoca la responsabilidad penal en la omisión de los deberes de control estatal. Según la reconstrucción judicial, las anomalías operativas de las empresas elaboradoras eran conocidas por los organismos de fiscalización sanitaria desde finales de 2024, existiendo mecanismos administrativos para suspender su producción de manera preventiva.
Entre los puntos más severos de la resolución se destacan:
Dilación de medidas punitivas: Se acreditó que Mantecón Fumadó retuvo por más de cuatro meses el proyecto de Carta de Advertencia que prohibía la comercialización de productos de HLB Pharma, permitiendo que la firma continuara operando.
Acuerdos informales: El expediente señala que en enero de 2025 se mantuvieron reuniones con directivos de las empresas para postergar las sanciones e intentar subsanar las irregularidades detectadas en las inspecciones técnicas.
Responsabilidad jerárquica: El juez remarcó que Bisio, al frente de la ANMAT, mantuvo una postura permisiva pese a tener conocimiento del mal funcionamiento del INAME y haber firmado la prohibición del lote contaminado recién en mayo de 2025, cuando los decesos ya se habían producido.
Magnitud de la causa y situación de las víctimas
La causa contabiliza hasta el momento 134 víctimas afectadas —entre ellas 90 muertos, 2 casos con lesiones gravísimas y 41 con lesiones graves— además de 47 querellas constituidas.
La suma fijada para los embargos responde a la escala de las potenciales indemnizaciones civiles, los costos de los peritajes en curso y la gravedad institucional del caso, en el que se investiga si la inacción de las autoridades sanitarias facilitó la circulación masiva del lote adulterado en el sistema de salud.
Fuente: Infobae web.
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