La Cámara de Prestadores de Córdoba (Capredis) denunció que el Gobierno nacional busca modificar la Ley 24.901 de forma encubierta, eliminando el criterio de universalidad y desregulando los valores de cobertura que pagan las obras sociales y prepagas.
La Cámara de Prestadores de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad de Córdoba manifestó su profunda preocupación tras la inclusión de artículos dentro del proyecto de Presupuesto Nacional que alteran el esquema de financiamiento y la estructura de la Ley 24.901. Desde la entidad remarcaron la gravedad de la medida, señalando que la iniciativa desmantela el principio de equidad que garantizaba a cualquier persona acceder a las mismas prestaciones básicas sin importar su cobertura de salud.
Verónica Antunes, integrante de la comisión directiva de Capredis, calificó la modificación como un "golpe bajo" concretado mientras el sector exponía en el Congreso para solicitar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Según detallaron desde la organización, el nuevo texto proyectado establece que tanto el PAMI como el programa federal Incluir Salud mantendrán actualizaciones trimestrales, pero deja al libre arbitrio de las prepagas y demás obras sociales la fijación de aranceles, rompiendo la referencia unificada del sistema.
Esta pérdida de regulación arancelaria y de universalidad provocará una fragmentación en la atención, dejando el alcance de los tratamientos a merced de la capacidad de negociación o el nivel del plan contratado por cada familia. Asimismo, advirtieron que los cambios trasladarán una mayor carga financiera a las provincias, las cuales deberán suplir los servicios y prestaciones que las entidades de salud privadas o sindicales dejen de cubrir.
A este panorama se suma una delicada situación financiera provocada por la caída en la recaudación del fondo solidario de redistribución administrado por ARCA, derivado de la baja en los aportes del empleo formal. Desde el sector ratificaron que los plazos de cobranza acumulan actualmente demoras de hasta 120 días, advirtiendo que la eliminación de la actualización mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) comprometerá de manera definitiva la operatividad de los centros de atención.
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