Desfalco millonario en la Justicia de Santa Fe: dictan prisión preventiva tras allanamientos de la Policía Federal en Oliva y la región

La megacausa que investiga el vaciamiento sistemático de cuentas bancarias pertenecientes al Poder Judicial de Santa Fe arrojó medidas procesales de alto impacto. Tras la ejecución de 15 allanamientos simultáneos dictados a comienzos de septiembre por la Policía Federal Argentina (PFA) en localidades cordobesas como Oliva, Río Segundo, Villa María y Córdoba Capital, la Justicia dictó la prisión preventiva para el exfiscal señalado como líder de la organización y para un abogado penalista implicado en las maniobras.

El perjuicio económico actualizado supera los 425 millones de pesos e involucra una compleja red de transferencias desviadas, testimonios que alegan ludopatía y el uso de prestanombres en la región para canalizar los fondos sustraídos.

Procedimientos en Oliva y el rol de los intermediarios

Los operativos desplegados por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la PFA incluyeron irrupciones en inmuebles de las calles Alberdi y Caseros en la ciudad de Oliva, así como en fincas de Villa María y Río Segundo. En dichos lugares se incautó material digital, documentación bancaria, telefonía y tarjetas de débito.

Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los residentes de estas viviendas actuaban como "mulas bancarias" o intermediarios. Facilitaban sus identidades y cuentas (CBU) para recibir el dinero transferido ilícitamente desde el Banco Municipal, retirar el efectivo de manera presencial o por cajeros automáticos y reingresarlo al circuito controlado por la cúpula de la banda para eludir las alertas de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La maniobra delictiva y la confesión del acusado

El expediente se inició tras la detección de irregularidades en el saldo de un expediente judicial, derivando las actuaciones a los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani. Las pericias contables sobre 48 cuentas analizadas —de un universo total de 148— revelaron al menos 12 maniobras fraudulentas cometidas entre 2017 y 2024.

Durante la audiencia imputativa en Rosario, el principal acusado, exintegrante de la Unidad de Delitos Económicos del MPA, admitió la autoría de las maniobras y adujo padecer ludopatía severa. La investigación acreditó que el exfuncionario utilizaba su cargo para seleccionar cuentas con depósitos de cauciones, fianzas o indemnizaciones a víctimas, emitiendo oficios apócrifos para liberar los fondos.

Para evitar ser descubierto en auditorías de rutina, la banda utilizaba un esquema mediante el cual un abogado depositaba dinero en efectivo para restituir temporalmente los saldos de aquellas causas que estaban próximas a concluir en acuerdos o juicios abreviados.

Antecedentes y resoluciones judiciales

El exfiscal imputado ya registraba sanciones previas en el ámbito legislativo por mal desempeño, habiendo renunciado a su cargo a mediados de 2024. Asimismo, su nombre aparecía salpicado en investigaciones por la entrega irregular de vehículos secuestrados y supuestos vínculos con sectores de inteligencia y bandas delictivas.

Al resolver sobre la situación procesal de los acusados, la jueza María Trinidad Chiabrera ordenó la prisión preventiva efectiva para el exfiscal y el abogado penalista imputado. Por su parte, las personas investigadas como presuntas intermediarias o testaferros en territorio cordobés recuperaron la libertad bajo medidas cautelares restrictivas, mientras la PFA analiza el contenido de los dispositivos electrónicos secuestrados.